Cada vez que en nuestros Centros ingresan personas usuarias siempre nos encontramos en nuestro Protocolo de Ingreso un ítem que cita textualmente: “Situación Legal de la persona usuaria”. Socialmente es habitual que el hecho de que un familiar inicie el procedimiento de incapacitación de su padre, madre ó hermanos esté visto como “acción oportunista” con fines pecunarios de herencias, inmuebles etc… Sin entrar en casos particulares, que existen, no debemos de utilizar una regla general,  lo cual en la mayoría de las ocasiones es precisamente todo lo contrario. Bajo el punto de vista de los profesionales de centros y servicios sociosanitarios debemos ser conscientes que la incapacitación judicial de la persona usuaria  proporciona protección legal a éste , al centro y a sus familiares.

Todos los profesionales que dirigen o desarrollan su actividad laboral en  el área psico-social,  se encuentran con problemas diversos en los cuales la única vía de solución de la cuestión es la incapacitación legal de la persona usuaria.

El objetivo fundamental del procedimiento  es su protección legal, ya que por parte de las Administraciones de Justicia (Fiscalía, Juzgados etc…) de las diferentes Comunidades Autónomas se hacen cargo y velan por la legalidad del procedimiento judicial.

Como profesionales debemos conocer que nuestra obligación no es únicamente la de cumplir nuestra cartera de servicios sino  que la persona usuaria esté protegida legalmente al máximo. Para ello las charlas y conferencias sobre el Proceso de Incapacitación  a familiares y/o personas responsables  son  de suma importancia,  así como la información puntual de la evolución asistencial de la persona usuaria  ( tanto a nivel físico, como psíquico y/o social).

Con estas afirmaciones nuestro deseo no es generalizar  que se debe incapacitar legalmente a todas las personas mayores que ingresan en un centro sociosanitario, si no que incluido en  la evolución asistencial de la persona usuaria y en las diferentes valoraciones a realizar por parte de los diferentes profesionales del Centro, se elaboran Planes Individualizados de Intervención y Cuidados (PIIC) para los cuales en  la definición de sus objetivos y actividades es necesario la  realización de escalas de valoración a  la persona usuaria (Barthel, Mini-Mental, Oars entre otras…). Una vez realizadas las escalas y el PIIC ya estamos en disposición de informar a las familias o responsables de las personas usuarias si  es recomendable que se iniciase un procedimiento judicial de incapacitación. ¿Qué sucede cuándo no existe ningún familiar o persona responsable?, la pregunta es sencilla de responder, deberá ser el propio Centro quien informe a Fiscalía, la cual iniciará el procedimiento legal correspondiente que seguramente desembocará en una tutela de la persona usuaria por parte de una Fundación Tutelar Pública. En ambos casos la persona usuaria estará protegida legalmente.

Para finalizar animar por parte de SPRODE a conocer más sobre este asunto a todos los profesionales sociosanitarios de los diferentes recursos, servicios y centros, ya que es una situación muy habitual a suceder dentro de nuestra rutina diaria.

Michel Valdés Ruiz

Vicepresidente de SPRODE

Director y Trabajador Social de Centros Sociosanitarios